Dentro de la perspectiva de lograr un estado descentralizado administrativamente, cumplidor de sus deberes pero consiente de sus limitantes y basándose en principios de la constitución de 1991, se empezó a entregar funciones propias del estado a particulares y una de ellos fue la de revisión y aprobación de proyectos urbanísticos en los municipios de acuerdo al número de habitantes. 

En este marco se expidió el decreto 2150 de 1995 que paralelo con la intención de cumplir un precepto constitucional trataba de darle respuesta a la situación coyuntural de grandes demoras en la tramitación de proyectos urbanísticos y de construcción en las secretarias de planeación de los municipios colombianos pero en particular en las ciudades capitales.

En 1997 se expide la ley 388, de Desarrollo Territorial, la cual genera un cambio total en el hacer ciudad, entendido desde lo colectivo sobre lo privado. Donde la propiedad cumple una función social y desde este ámbito es que se debe “construir la ciudad”. Esta entrega de responsabilidades individuales que busca generar construcción colectiva es una de las estrategias para poder construir mejores ciudades y mejores ciudadanos. Por ello refrenda y refuerza la figura del Curador Urbano como la función pública que cumple un particular para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de construcción vigentes. Es por ello que la figura del Curador es más allá de un revisor, es un garante del cumplimiento de la decisión colectiva que se plasma en un Plan de Ordenamiento Territorial y se pueda obtener una mejor calidad de vida para cada uno los habitantes de un municipio colombiano.